Las entidades bancarias han elevado el precio de las hipotecas hasta máximos de 2016 desde que el pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados diera el visto bueno al Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que obliga a asumir al prestamista el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como prácticamente todos los gastos hipotecarios. No obstante, en el encarecimiento de este tipo de financiación también ha influido la progresiva tendencia alcista del Euríbor, que cerró enero en el –0,116 %, frente al -129 % de diciembre, y el hecho de que, en España, cada vez se firman más hipotecas a tipo fijo.
La actual ley hipotecaria tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de los ciudadanos que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir. En definitiva, la ley, tal como señalaba la ministra de economía, Nadia Calviño, busca mejorar la protección de los ciudadanos respecto a la normativa anterior y establece que el banco asuma el pago del AJD en las hipotecas para comprar la primera vivienda, así como el reparto de gastos entre el banco y el cliente frente a un crédito inmobiliario.
El hecho de que ahora sean las entidades financieras las que deban soportar el impuesto supone una presión añadida sobre los márgenes, cuyos efectos se tratarán de compensar encareciendo este tipo de préstamos. Según datos recientes del Banco de España, el tipo de interés TAE de las nuevas hipotecas se sitúo en el 2,34 %, a principios de año, lo que supone una subida del 4,46 % con respecto al mes anterior y su nivel más elevado desde el año 2016, cuando alcanzó el 2,37 %.
Así, muchos particulares optan en la actualidad por entidades que facilitan microcréditos o crédito rápidos para afrontar bien el pago mensual de estas hipoteca bien algún imprevisto o capricho en momentos puntuales del año. El atractivo de estas empresas financieras es que ofrecen préstamos personales a través de internet de hasta 2000 euros, simplemente rellenando un sencillo formulario y que se pueden devolver en cómodos plazos mensuales. Frente a las condiciones para solicitar un préstamo de la banca tradicional las compañías de minicréditos simplemente requieren como requisito no estar en la lista del Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y demostrar unos ingresos regulares. A un solo clic cualquier persona puede disponer rápidamente de efectivo eligiendo las condiciones y los tiempos para devolver el préstamos y accediendo de forma totalmente transparente a la información en relación a los recargos sobre la cantidad inicialmente prestada.
Aunque a fecha de hoy no existe una regulación específica sobre los prestamistas de créditos rápidos, muchas de las empresas que ofertan este tipo de servicio están afiliadas a la Asociación de Micropréstamos (AEMIP), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es regular estos productos financieros. Además, el Ejecutivo ha anunciado una legislación específica sobre la comercialización de créditos rápidos para el primer semestre de 2019 que proteja tanto al usuario como a las entidades que han visto empaña su reputación por las prácticas fraudulentas de algunos operadores.
Así pues, el mercado financiero de los créditos al consumo comienza a mostrar una transformación profunda en la que operadores tradicionales y nuevos competidores irán adaptando su oferta al contexto económico y social que presenta la nueva economía de mercado.
