La sequía vuelve a impactar al campo español. El país está en alerta por la escasez de agua y las previsiones de cara al verano son preocupantes. Mientras algunas comunidades como Cataluña y Andalucía han implementado restricciones en el uso del agua, los agricultores salen a las calles a exigir ayudas financieras. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respondieron con un anuncio de 269 millones de euros adicionales en ayudas extraordinarias destinadas a aproximadamente 140.000 agricultores, con el fin de compensar las dificultades derivadas no solo de la sequía, sino también de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a reforzar la ley de la cadena alimentaria y revisar las condiciones de la Política Agraria Europea (PAC).
A pesar de los anuncios recientes y las reuniones con el Gobierno, el descontento en el sector es cada vez más profundo y las protestas no cesan. La burocracia detrás de las políticas medioambientales que busca implementar la Unión Europea es uno de los principales motores de esta movilización.
“Con distintos matices, en toda la UE tenemos los mismos problemas”, aseguró en una entrevista el vicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Donaciano Dujo. Esto es algo que ha quedado claro tras las imágenes que dieron vuelta el mundo con las protestas del sector agrícola en distintos países como Francia, Bélgica y Países Bajos.
Entre los reclamos que se repiten, destaca la diferencia entre las exigentes condiciones impuestas a los agricultores en la UE, frente a las reglas laxas destinadas a sus pares en otras regiones como América Latina o incluso en otros países europeos que no forman parte del bloque. Para el sector de la UE, esto los deja en desventaja y los hace menos competitivos. Por eso rechazan con firmeza los acuerdos de libre comercio como el que se debate con el Mercosur, y denuncian la competencia desleal frente a las importaciones que llegan de otras regiones.
A su vez, reclaman que las estrategias de la UE se basen en datos científicos y que se tengan en cuenta estudios de impacto socioeconómico, como así también se flexibilicen los períodos de transición. En concreto, buscan una profunda revisión del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ cuyas normativas han generado una gran preocupación en el sector. Como es el caso del proyecto de etiquetado frontal y la polémica en torno al Nutri-Score, un sistema que desde Asaja afirman “recoge infinidad de críticas de consumidores de toda Europa que, tras analizar en detalle lo que compran, descubren la farsa”. A pesar de haber estrenado un algoritmo actualizado, el Nutri-Score continúa penalizando la reputación de productos típicos españoles como el aceite de oliva, jamón ibérico y queso manchego. Una razón más por las que el sector agrario se opone a su adopción en España y exigen que el Gobierno español reafirme su postura en contra del modelo Nutri-Score.
Las primeras movilizaciones en España surtieron efecto. Tras días de cortes de rutas y tractoradas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió con las organizaciones Asaja, COAG y UPA. De este encuentro concluyó con dos cartas escritas por Planas y dirigidas al comisario de Agricultura y a la Presidencia del Consejo de la UE.
El asunto de ambas misivas es la modificación y simplificación de la PAC que considera, representa actualmente una “complejidad adicional” y “obstaculiza el ejercicio adecuado de la actividad agraria”. Es por ello que desde Agricultura presentaron un paquete de 22 medidas para reformar la Política Agraria Común. Entre ellas, la exención de las áreas ecológicas y la derogación de la rotación de cultivos en superficies de regadío. De no considerar estas propuestas, Planas advierte que “el nuevo modelo de PAC será un fracaso”.
El ministro a cargo de la cartera de Agricultura también anunció un significativo cambio en lo respecta el control de los precios, al introducir el proyecto de creación de la Agencia Estatal de Control y de Inspección de los Alimentos. Otro punto fundamental es la promoción de una política ‘residuos cero’ con respecto a los productos de terceros. Según explicó Planas, esto significará la prohibición de la llegada de productos con un mínimo de sustancias no autorizadas y aseguró que España abogará por la adopción de esta medidas en todos los foros internacionales.
Sin embargo, las propuestas no han sido suficientes para calmar el descontento del sector. Para el Presidente de Asaja Madrid, Francisco García, se trata de “matices a la problemática que tiene el sector y muchas de las medidas que han prometido ya estaban encima de la mesa por lo que se ha prometido su continuidad”. Es decir, si bien reconocen que se trata de mejoras, no creen que estas propuestas sean la solución. Queda esperar a ver qué sucederá de cara al próximo Consejo de Agricultura de la UE que se celebrará a fin de mes y que será la oportunidad para poner todas las medidas sobre la mesa.
